Organizaciones de derechos humanos y de mujeres le piden a la Corte Constitucional que mantenga las penas del acuerdo de paz para quienes cometieron violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes
Los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado podrían verse afectados si los responsables de estos delitos reciben las penas del código penal ordinario y no las que estableció el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.
Bogotá, julio 24 de 2018. Por considerar que va en contravía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de violencia sexual, organizaciones de derechos humanos y de mujeres* le pidieron a la Corte Constitucional que mantenga las penas que se establecieron en el acuerdo de paz. Esto luego de que el Congreso aprobara en el proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que quienes se sometan a esta justicia y se les compruebe que cometieron violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, se les aplicarán las penas del código penal ordinario.
Según las organizaciones, pese a que a primera vista puede parecer que con penas altas de cárcel se protegen los derechos de las víctimas, la experiencia de los procesos de justicia transicional en Colombia demuestra que, en realidad, esta medida retrasa su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Si de entrada los victimarios saben que recibirán penas altas de cárcel en vez de las que contempla el acuerdo de paz, es muy probable que no tengan razones para reconocer crímenes sexuales contra niñas, con lo que el Estado tendría que entrar a probarlos y las víctimas tendrían que esperar mucho tiempo para obtener verdad, justicia y reparación.
Para las organizaciones, en países como Colombia, donde el conflicto armado produce violaciones masivas a los derechos humanos, la justicia transicional es un mecanismo para que quienes participaron en él reconozcan su responsabilidad, cuenten la verdad y reparen a las víctimas sin necesidad de iniciar una investigación y un juicio que pueden tardar años por la gran cantidad y complejidad de los crímenes que se cometieron.
Y es que de acuerdo con un informe de la Fiscalía, bajo los mecanismos judiciales adoptados por la ley de Justicia y Paz, que se crearon a partir del proceso de desmovilización de las autodefensas, se estima que las sentencias a quienes se acogieron a esta ley tardarían 73 años en ser emitidas.
De acuerdo con la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), se registraron 48,915 víctimas de violencia sexual menores de 18 años en el marco del conflicto armado. Si no le apostamos a que quienes cometieron este tipo de delitos los reconozcan, ¿cuánto tiempo tardará la justicia ordinaria en resolver todos estos casos?
La lenta implementación del acuerdo y la modificación de la JEP es crítica, ya que el eje de este proceso de paz es la verdad y, en caso de que se dilate como está pasando, las víctimas no tendrán la posibilidad de conocerla. Sin embargo, creemos que esta es una oportunidad para avanzar en los derechos de las mujeres y poner fin a la impunidad por crímenes que se cometen contra ellas.
Para más información:
Sergio Camacho Iannini
Asociado de Comunicaciones de Women’s Link Worldwide
s.camacho@womenslinkworldwide.org
Tel. +57 1 2575491 / + 57 350 834 7288
Carolina Mila
Dejusticia
Andrea Cardona
Comunicaciones Ruta Pacífica de las Mujeres
comunicaciones@rutapacifica.org.co
Tel. +57 3166978026
Fulvia Edi Chunganá Medina
Coordinadora Nacional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales
Tel. +57 312 2846223
*Sobre las organizaciones
Women’s Link Worldwide es una organización internacional que usa el poder del derecho para promover un cambio social que favorezca los derechos de las mujeres y las niñas, en especial de aquellas que enfrentan múltiples desigualdades.
Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global. Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y sólidas propuestas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.
La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres y por la exigibilidad de los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la reconstrucción de la memoria histórica individual y colectiva para la No Repetición.
La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como propósito promover el empoderamiento de las víctimas de violencia sexual, su acceso a la justicia, y la prevención de este delito, con el apoyo de profesionales. La Red tiene presencia en 9 regiones del país, y de esta iniciativa hacen parte 600 mujeres víctimas de violencia sexual. Apoyamos el Acuerdo de Paz y su implementación porque creemos que la paz es la oportunidad para erradicar la violencia sexual de los ámbitos público y privado: trabajamos para que haya paz en la casa y en el país.