COMUNICADO DE PRENSA No. 8– 2014
La Ruta Pacífica de las Mujeres hace un llamado al Gobierno Nacional para que cese la violación de Derechos Humanos en Putumayo
Tras las múltiples violencias que ha sufrido esta región del país a raíz del conflicto armado, ahora se prenden las alarmas de la desesperación en la comunidad con la militarización, la explotación petrolera y la fumigación para la erradicación de los cultivos de uso ilícito.
Septiembre 4 de 2014. En grave crisis social, económica y ambiental se encuentra el departamento del Putumayo, el cual no sólo ha tenido que soportar el conflicto armado, sino que ahora enfrenta otros agravantes como lo son la expropiación forzada de los territorios para la explotación de hidrocarburos, y sumándose a esta problemática social está la militarización y la fumigación de los cultivos de uso ilícito.
La población del Putumayo hace pocos meses sentía que el conflicto armado estaba cesando y que sus derechos humanos empezaban hacer tenidos en cuenta por el Gobierno, así como la continuidad del apoyo y acompañamiento de los organismos internacionales, pero el foco de la guerra vuelve a avivarse, demostrado que después de muchos años de guerra, esta región sigue siendo el epicentro de múltiples violencias. Esta zona del sur del país, no sólo ha sido el corredor de los actores armados debido a su ubicación estratégica y a sus riquezas ecológicas, sino que ahora la comunidad vuelve a quedar en medio de la batalla constante entre los actores armados, que en su búsqueda del control sobre el territorio, los cultivos de coca, el procesamiento y la comercialización, siguen dejado en su camino muertes, pobreza, desapariciones y desplazamientos forzados y por si fuera poco, esta zona se ha convertido recientemente en el objetivo de otros, quienes están interesados en la explotación del territorio y obtención de riquezas a toda costa.
Debido a todo lo anterior, Las Mujeres de la Ruta Pacífica nos solidarizamos con la comunidad del Putumayo y solicitamos de carácter urgente al Gobierno nacional y a todos los organismos y/o entes de control para que revisen las siguientes exigencias:
Exigimos al Gobierno que no se siga militarizando la zona, porque actualmente la población está expuesta a enfrentamientos armados, ya que las fuerzas están acantonadas entre la población, dejando en riesgo la vida de la comunidad, como es el caso de los pobladores del Corredor de Puerto Vega – Teteyé del Municipio de Puerto Asís.
Exigimos que se tomen los correctivos pertinentes con el Esmad que se encuentra en la región, puesto que están haciendo uso indebido de su poder, generando violencias y miedos sobre las mujeres y sus familias.
Exigimos que no se siga dando más licencias petroleras, porque en lo que va corrido del año se han otorgado licencias para que se exploren más de 20 pozos y se estima que para el cierre del año serán más de 100, situación que impacta negativamente el medio ambiente, la salud de los pobladores y crea desterritorialización.
Exigimos que cesen las fumigaciones en los cultivos de uso ilícito y que se busquen nuevos mecanismos de erradicación, porque mediante esta práctica se están fumigando los cultivos lícitos y de pan-coger, que fundamentan la economía de los pueblos indígenas, las comunidades afroputumayences y campesinas. Asimismo, la tierra está quedando inservible para nuevos procesos de sembrados, al igual que se está afectando la salud debido al esparcimiento aéreo de productos químicos, y que a su vez contaminan el medio ambiente y destruyen la fauna y flora.
Exigimos que se tomen medidas con respecto a la deserción escolar, donde las madres y padres están optando por retirar a los niños y niñas de los establecimientos educativos, porque temen por sus vidas a causa de la militarización.
Exigimos que se preste total seguridad a las mujeres y sus comunidades, porque están siendo amenazadas y violentadas por expresar libremente su rechazo a estás diversas violencias.
¡Basta ya de violación a los derechos humanos en Putumayo!
Todas y todos tenemos derecho a la vida, derecho a la permanencia y cuidado de nuestros territorios, derecho a la salud y derecho a la educación, pero sobre todo a una vida libre de miedos y violencias.